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Opinión

#8M 2020: Activismo coeducativo

No olvidamos que el primer objetivo de la coeducación es erradicar las violencias machistas: #NiUnaMenos.

Ninguna de las reivindicaciones de las mujeres por la igualdad empieza ni termina el 8 de marzo, de la misma forma que nuestra lucha contra la violencia de género no se limita al 25 de noviembre. No obstante, en ambas fechas, hacemos balance: sacamos pancartas denunciando lo no conseguido, cantamos contras las formas antiguas del patriarcado, y contra las nuevas, sumamos las víctimas del machismo asesino y gritamos contra las violencias y los violadores. Este año, otra vez, recordaremos al mundo que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la brecha salarial existe, recordaremos a gobiernos y administraciones sus deficiencias e incumplimientos y recordaremos a las derechas, liberales o extremas,  que la violencia de género no es “violencia intrafamiliar” ni son casos de mala convivencia en los que a la mujer le toca perder, y que la “ideología de género” o las “denuncias falsas” son ficciones estratégicas contra la igualdad, del mismo modo que lo es  el pin parental.

Aunque el 8-M es también una oportunidad de empoderamiento colectivo por los cambios conseguidos en el proceso de transformación de la sociedad, no podemos ocultar la inquietud ante intentos, cada vez más evidentes, de poner en cuestión la libertad de cátedra del profesorado y la autonomía de los Proyectos de Centro en la formación integral del alumnado, especialmente en los temas relativos a la educación en y para la igualdad y la educación afectivo sexual. De ahí la importancia que, en esta coyuntura, adquiere la presentación del Proyecto de Ley de Educación que incorpora la coeducación como uno de los enfoques básicos del sistema educativo. Cierto es que en la tramitación parlamentaria se tendrán que  subsanar incoherencias y contradicciones tales como que se siga permitiendo la enseñanza que segrega al alumnado por sexo e incluso que pueda ser subvencionada con fondos públicos, dejando el enfoque coeducativo como un simple mérito que el centro puede seguir o no. Tampoco se aclara, ni en la exposición de motivos ni en el articulado, el sentido en el que se usa el término “coeducación”, ni sus características ni su vinculación directa con la prevención de la violencia de género, aspectos que sí están presentes, entre otras, en la Ley 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección integral contra la violencia de género.  

Por tanto, frente a los continuos ataques contra la educación en igualdad y para la igualdad, y con mirada puesta en la prevención como fundamento de nuestro trabajo diario,  desde la Liga Española de la Educación y Fundación CIVES reivindicamos la coeducación como eje del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de todo el sistema educativo, desde infantil hasta universidad, en la educación formal y no formal y, en consecuencia, la formación específica de todo el personal técnico relacionado con estos procesos y, especialmente,  del profesorado. Porque la acción educadora que llamamos coeducación no es espontánea, obliga a realizar una planificación muy cuidada de la intervención educativa para corregir todo tipo de desigualdad o discriminación por razón de sexo, tanto en la estructura organizativa de un centro, incluidos los espacios, como en las relaciones de aula, en las prácticas educativas y en los contenidos y materiales para el aprendizaje. Se necesita tomar en consideración el curriculum oculto e informal, las necesidades, expectativas  e intereses de cada persona, hombre o mujer, otorgando igual reconocimiento y valoración a lo tradicionalmente considerado desigual y privativo de cada sexo, lo masculino y lo femenino, para una formación  integral de personas autónomas, responsables en lo público y en lo privado y corresponsables en lo común.  

En conclusión, reivindicamos el papel preventivo de la coeducación puesto que en la base del sexismo y las desigualdades que afectan a las mujeres está la falta de reconocimiento de su valor y dignidad como seres humanos. 

 

Ana María Rodríguez Penín