Por Victorino Mayoral Cortés
Artículo publicado en la Revista TEMAS
septiembre – octubre 2020
El sistema público de educación se encuentra ahora afectado por el impacto de una crisis más compleja y tan grave como la anterior, a causa de la pandemia originada por la Covid-19. Ello tiene lugar en momentos en los que la escuela pública ya estaba muy debilitada, por lo que urgen medidas que afiancen el sistema. La crisis del Coronavirus es un acontecimiento pandemocrático, que comporta riesgos para todos, pero que al mismo tiempo revela las grandes desigualdades existentes entre las personas y pone a prueba el propio sistema democrático. Ahora más que nunca, es evidente que la solución es una cuestión de inteligencia colectiva, organización y protección pública de servicios sociales y de un sistema público de calidad, sostenido por contribuyentes, no por donantes. La escuela espera.
Sin haberse recuperado aún de las consecuencias negativas de la política de austeridad aplicada por el gobierno conservador para afrontar la crisis económica anterior, el sistema público de educación se encuentra ahora afectado por el impacto de una crisis más compleja y tan grave como la anterior, a causa de la pandemia originada por el Coronavirus.
Un tipo de crisis hasta ahora desconocida que pone a prueba todos los resortes de la sociedad y sus servicios esenciales, entre ellos el servicio público escolar. Una crisis de carácter universal para cuya gestión tampoco estaban preparadas nuestras instituciones y servicios, debido a su complejidad y al abandono y descrédito intencionado que todo lo público venía sufriendo. La educación es un sistema complejo al que se encarga la realización de distintos fines y objetivos sociales y de desarrollo personal, que integra millones de personas. Un espacio extenso y diverso en el que concurren intereses compartidos y enfrentados y concepciones pedagógicas con fundamentaciones filosóficas e ideológicas que no siempre conviven pacíficamente entre sí. Dice Daniel Innerarity que la crisis del Coronavirus es un acontecimiento pandemocrático, que comporta riesgos para todos, pero que al mismo tiempo revela las grandes desigualdades entre las personas y pone a prueba al mismo sistema democrático, y cuya solución “es una cuestión de inteligencia colectiva, organización y protección pública… de servicios sociales y de un sistema público de calidad, sostenido por contribuyentes, no por donantes”1. Así pues, es preciso partir de esta premisa: la actual crisis pandémica está originando una evidente vuelta a lo público y sus capacidades para abordar soluciones a problemas colectivos importantes.
Ahora se entiende que ni la iniciativa privada, ni las ideologías y soluciones políticas neoliberales, que habían elevado a valores absolutos la idea del Estado como problema y la consiguiente necesidad de eliminar o reducir los servicios y prestaciones públicas, tienen capacidades para suministrar las soluciones que exige la gravedad y extensión de los problemas presentes.
Por lo que se refiere a la educación, estos son los principales interrogantes a responder: ¿Cómo garantizar el derecho a la educación a todos en términos de igualdad, seguridad y normalidad?; ¿Cuáles son las políticas sociales y educativas de intervención que deben realizar los poderes públicos para prestar un servicio de calidad a todos?; ¿Cómo debe ser fortalecido el sistema público escolar para abordar las consecuencias de la crisis económica pasada, aún no cubiertas, las medidas urgentes y necesarias que
derivan de la actual pandemia y, por último, la construcción de una política educativa que permita, de aquí en adelante, promover el interés general y las necesidades de la mayoría, sin dejarse aprisionar por las luchas de intereses y viejas refriegas para conseguir la porción más sustanciosa de la financiación pública de la educación, de la que suelen salir perdedores los centros públicos?
Fortalecimiento del sistema educativo público.
La primera ocasión para el fortalecimiento del sistema público de la educación está en el conjunto de acciones más inmediatas necesarias para desarrollar con seguridad y presencialidad el curso 2020-2021. Es importante la distribución y el destino efectivo del Fondo COVID-19, dotado de 16.000M; singularmente la de la porción destinada a recursos humanos y servicios educativos, para la reducción de ratios de alumnos por aula a un máximo de 20, la dotación de nuevos espacios para hacer posible los desdoblamientos y el consiguiente aumento del número de profesores y otro personal necesario, que el sindicato Comisiones Obreras estimó en 70.000, aproximadamente el doble de las previsiones realizadas por las comunidades autónomas. Medidas que ya venían siendo necesarias antes de la actual pandemia para mejorar la calidad de la educación.
El sistema público de educación necesita ser reforzado mediante una política de fuerte compromiso social capaz de combatir el ensanchamiento de la brecha social que sigue creciendo durante las dos crisis que se suceden durante la segunda década del siglo XXI. La desigualdad es el gran desafío; y es la pesada herencia que recae sobre el sistema educativo por los desperfectos sociales y económicos de la descapitalización de servicios causada por las políticas conservadoras neoliberales que están llevando a la llamada “sociedad del descenso”.
Precisamente por ello, una de las decisiones más relevantes consistirá en situar de nuevo en el centro de atención preferente al servicio público escolar, por su función de garante y financiador del derecho a la educación e instrumento de nivelación social. En la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados se trató del agravamiento de la desigualdad que arrastra la pandemia, que actúa sobre situaciones y datos que ya venían siendo preocupantes estos últimos años. En 2019, el 20,7% de la población española estaba en riesgo de pobreza y 1 de cada 6 hogares de clase media estaba pasando a una clase inferior.
Respecto a la población escolar, ya venía pesando una elevada tasa de fracaso escolar (18%), directamente relacionada con el origen social del alumnado, y un elevado porcentaje de segregación escolar (24%), en función al origen socioeconómico del alumnado y a las brechas sociales que les afectan, la última de las cuales es la brecha digital que ha puesto al descubierto la pandemia. Tales brechas tienen otra expresión también dentro del propio sistema educativo públicamente financiado, en el que se aprecia una relación débil, poco articulada y colaborativa entre las misiones de los centros de titularidad pública y los centros privados concertados, que actúan como subsistemas escolares ajenos, pese a su común financiación presupuestaria. A tal efecto sería necesario examinar en qué medida y de qué modo las dos ramas escolares de la financiación
pública contribuyen a la reducción de la brecha social existente.
Desde luego, para el servicio público es un deber ineludible. Las escuelas concertadas, ¿en qué medida contribuyen a evitar la segregación de las clases menos favorecidas, cuyo reducto es fundamentalmente el servicio público escolar? La red privada concertada se nutre de fondos públicos presupuestarios y de aportaciones de las familias y, según datos correspondientes a la última década, mientras la financiación del sector público fue objeto de importantes recortes, el sector privado concertado experimentó un cierto crecimiento, tanto en su financiación pública como por el incremento del gasto en educación de las familias.
Los centros concertados deberían formar parte abiertamente del sistema público de educación, puesto que son financiados para contribuir a garantizar el derecho a la educación en niveles gratuitos de escolarización, complementando a la oferta de centros públicos. Ello significa que deben asumir las reglas básicas y deberes de todo servicio público, como contribución propia de una iniciativa social no lucrativa.
Según un documentado estudio (publicado por El País el 05 de octubre de 2019), los datos ponen en evidencia la segregación por clase social que existe en el interior del sistema educativo públicamente financiado: los colegios de los barrios más pobres son habitualmente públicos, mientras los privados concertados se sitúan preferentemente en los barrios con mejores niveles de renta; los colegios privados concertados escolarizan preferentemente a estudiantes de familias favorecidas; las calificaciones académicas son mejores en los centros que acogen alumnado con mejor nivel socioeconómico. Según este estudio hay una relación directa entre clase social, nivel de renta y nivel educativo de los padres y el rendimiento de los alumnos, según PISA. En suma, los alumnos de clases medias y altas, preferentemente escolarizados en centros privados y concertados, obtienen mejores resultados académicos y mejores empleos, mejor retribuidos.
La desigualdad en el interior del sistema educativo tiene, además, otra manifestación de carácter territorial, en la que se refleja no solamente la riqueza y el desarrollo económico de las diferentes comunidades autónomas, su correlación con el gasto educativo por alumno y la distribución que en cada una de ellas tiene la presencia de centros de titularidad pública, de enseñanza privada concertada y de centros privados sin subvención. Así, mientras en Castilla la Mancha el 80,9 % son públicos, un 15,3 % de privada concertada y un 3,9 % de privada pura, en Madrid la pública representa el 54,1%, la concertada el 30,1% la privada de pago acoge al 15,8 % del alumnado, expresión de la fuerza que en ella tiene la educación para la élite social (datos procedentes de fuentes del Ministerio de Educación). Parecería que se tratase de poderes públicos de dos países diferentes.
La presente crisis, como las otras más graves sufridas durante el siglo XX, impulsan a gran parte de la sociedad a reclamar la vuelta de lo público, a la intervención de los poderes públicos y el fortalecimiento de los servicios y prestaciones públicas que ellos pueden poner en juego, y a buscar los fundamentos legales y constitucionales que lo legitiman. Como dice el profesor Gregorio Cámara, el estado social que recoge el artículo primero de la Constitución, es la pieza esencial en la más reciente evolución del constitucionalismo. Se trata de un estado percibido por la ciudadanía como obligado a gestionar “la actuación igualitaria y solidaria de la sociedad, tratando de garantizar un nivel de vida digno para el conjunto de la población”.
Un estado social garante de la procura existencial en el que, citando al profesor García Pelayo, que fue presidente del Tribunal Constitucional, entre sus funciones está allanar los obstáculos que impiden la igualdad y facilitar que todos puedan disfrutar los bienes culturales y materiales de la nación, eliminando las desigualdades excesivas. Tales serían los postulados constitucionales de una ciudadanía social, recogida en los motivos del Preámbulo de la Constitución y el amplio número de artículos en los que
aparece reflejado el estado social.
Es preciso resaltar el carácter especialmente protegido que la educación tiene como derecho de ciudadanía social en la Constitución de 1978 y las capacidades atribuidas al Estado para garantizar el contenido programático de su artículo 27. Este artículo contiene las bases del estado social en su expresión directamente relacionada con el derecho a la educación y la capacidad de los poderes públicos para hacerlo efectivo mediante políticas públicas, tal como se refleja en el punto 5 del artículo 27: “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”. Subrayemos los elementos tan relevantes que contiene este precepto vinculante de la Constitución: el deber de los poderes públicos, la programación que les corresponde sobre la enseñanza, el deber de crear centros docentes y el de integrar a los sectores afectados mediante su participación en las políticas educativas.
Tales competencias exclusivas del Estado le corresponden las “normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia” (Artículo 149.30) deben realizarse teniendo en cuenta las que a su vez corresponden en términos de desarrollo legislativo y ejecución a las diferentes comunidades autónomas. Pero no puede ocurrir que establecida por ley del Estado una política educativa como derecho de ciudadanía social, sin embargo, en su desarrollo legislativo y ejecución por parte de alguna comunidad autónoma, esta la haga inviable en la práctica por las derivas particularistas, oportunismo o ideología del Gobierno autonómico. “La educación pública –dice Emilio Lledó– es el sustento de una sociedad que busca la justicia, porque por la pública entendemos gratuita y de calidad”. Efectivamente, para abordar los retos que al sistema educativo lanza el presente y el futuro de la postpandemia, este requiere un sólido y fortalecido servicio público de educación, de envergadura similar a los países europeos más avanzados.
Dotado con centros públicos inclusivos, capaces de acoger la diversidad propia de una sociedad abierta, que garanticen el derecho de todos a la educación en todos sus niveles y modalidades, alcanzando la centralidad, capacidad y calidad suficiente para realizar la formación humana, cívica, social y profesional de todos y cada uno de sus alumnos y alumnas.
Este servicio público de educación ha de realizar un sostenido esfuerzo en los años sucesivos para alcanzar la calidad que requieren las trascendentales tareas que habrá que desarrollar en la etapa de la postpandemia. Una educación de calidad que logre el cumplimiento de los fines y objetivos de comprensividad, compensación, inclusión, coeducación para la igualdad, interculturalidad y atención a la diversidad, según una concepción más integral del éxito escolar y la preparación para la vida en todos los planos en los que realizan su desarrollo vital las personas. Para ello resultará imprescindible diseñar un currículo basado en la adquisición de competencias, actualizado en sus conocimientos científicos y humanistas, dotado de avanzados instrumentos y procedimientos tecnológicos y de una pedagogía personalizada y activa. Por tanto es necesario acabar con la masificación en aulas y espacios escolares, con la insuficiencia y precariedad de profesores y de servicios a la diversidad y complementarios, e incrementar el gasto público gradualmente, alcanzando de inmediato el 5% del PIB, así como realizar una sólida y compartida programación general planificada de este salto adelante de nuestra enseñanza.
Tales son las acciones que el Estado y demás poderes públicos deben desarrollar sin descanso si queremos conseguir que la educación vuelva a ser instrumento privilegiado de una política social, que facilite a la ciudadanía una redistribución equitativa de la renta y de las oportunidades, de modo que la educación universal, gratuita y públicamente financiada se constituya en la pieza esencial del estado social.
