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La Plataforma del Tercer Sector se ha reunido por segunda vez con el Secretario de Estado de Derechos Sociales

 

 

El Comité de Crisis de la Plataforma del Tercer Sector se ha reunido por segunda vez desde el inicio de la pandemia, vía telemática, con el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y con sus directores generales, con el objetivo de avanzar en la aprobación de los mecanismos necesarios para paliar los efectos del coronavirus en la población más vulnerable, teniendo en cuenta las necesidades y demandas reales de las entidades sociales y las personas a las que atienden.

Desde el Tercer Sector se ha insistido de nuevo en algunas de las demandas pendientes como, por ejemplo, la creación urgente de un Grupo Operativo, entre la propia PTS y el Gobierno, con el objetivo de tener una interlocución real, efectiva y productiva para poder gestionar, desde el punto de vista social, la pandemia. En este sentido, se ha pedido una reunión con el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, para que, dada la situación de emergencia, el Tercer Sector tenga un canal de comunicación de máxima representación.

Durante el encuentro, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer un sistema estatal de rentas mínimas, que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, y configurado como derecho subjetivo. Además, se ha defendido su prolongación en el tiempo, más allá de la emergencia social actual y que sea accesible para todos los hogares en pobreza con el objetivo de garantizar un ingreso y condiciones adecuadas para el desarrollo personal de sus integrantes. En definitiva, que sirva de instrumento fundamental para la inclusión y cohesión social en España y que se configure como un “auténtico derecho” con independencia del territorio en el que se viva. 

Durante la reunión, el secretario de Estado de Derechos Sociales también se ha comprometido a aprobar una nueva definición legal global del concepto de vulnerabilidad social, ya que actualmente existe una ad hoc para cada situación particular (pobreza energética, desahucios, etc) y también a poner en marcha a la mayor brevedad posible la nueva convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF.

Por último, se ha insistido en llevar a cabo una gestión “extraordinaria y excepcional” de la recaudación conseguida a través de la casilla con fines sociales del Impuesto de Sociedades durante el año 2019 (año fiscal 2018) para abordar la crisis de la pandemia, que pueda realizarse a través de subvenciones nominativas y no tenga que esperar a un Real Decreto que lleva congelado más de un año aunque se ha solicitado que se retomen los trabajos para elaborar y llevar adelante dicho Real Decreto.