El Consejo de Ministros aprobó ayer 9 de junio de 2020 el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Son días de celebración para todas las organizaciones que formamos parte de la Plataforma de Infancia y que trabajamos en el ámbito de la educación e intervención con menores ya que por fin se ve respondida una demanda que veníamos haciendo desde hace tiempo.
Son varios los aspectos que regula la Ley para abordar la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Consideramos un acierto el planteamiento transversal de la corresponsabilidad social en la detección y protección de las y los menores. Será responsabilidad de cualquier ciudadano/a informar si detecta que los derechos de un menor están siendo vulnerados. Para ello se pondrán en marcha los mecanismos adecuados y, desde las entidades de infancia haremos mucho más expansiva la labor de promoción y sensibilización sobre los derechos de la infancia a la sociedad.
Otro de los aspectos que nos gustaría remarcar es la activación de la figura del «Coordinador o coordinadora de bienestar y protección” con funciones concretas, algo que ha traído polémica en los diarios y en las redes estos días.
Según el artículo 29 de la futura Ley, «todos los centros educativos, con independencia de su titularidad, donde cursen estudios personas menores de edad, deberán tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección de sus alumnos que actuará bajo la supervisión del centro» y que tendrá, al menos, las siguientes funciones:
Prevención y sensibilización a través de planes de formación para detectar estas situaciones y proteger a niños, niñas y adolescentes. Estas formaciones deberán ir dirigidas tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado, y a la puesta en marcha de actividades destinadas a promover la cultura del buen trato. Se deberá priorizar en estas formaciones a los y las tutores del alumnado, así como se incorpora la necesidad de formar al alumnado en habilidades para detectar y responder al maltrato y en resolución de conflictos.
Se contempla su papel seguimiento de la correcta atención de los niños, niñas y adolescentes, y de su papel mediador tanto a la hora de proveer de recursos como su coordinación con otros agentes sociales para el correcto desempeño de su labor.
Será así una figura clave en la prevención y detección temprana, así como a la hora de sensibilizar y dar herramientas pedagógicas.
Las Administraciones educativas serán las encargadas de regular los demás requisitos y funciones que deba desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección.
Otro aspecto relevante de la Ley es el abordaje del Acoso escolar. Así, se establecerán protocolos de actuación frente a indicios de ‘bullying’, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Se regulará un canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar el derecho a la protección de datos personales y la rápida retirada de Internet de los contenidos que atenten gravemente contra el mismo.
Es de gran importancia para la Liga española de la Educación y la Cultura Popular ya que en cada uno de nuestros centros de educación e intervención así como en nuestros proyectos, priorizamos la atención a la infancia el respeto y la promoción de sus derechos y con una continua una escucha activa a sus necesidades.
Por ello empezamos ilusionadas a organizar nuestros centros e intervenciones con los nuevos requerimientos.
