Hay palabras que dejan de discutirse para empezar a ser sospechosas. Solidaridad es una de ellas.
En los últimos años, la cooperación internacional ha dejado de ser únicamente una política pública para convertirse en objeto de una creciente confrontación política. Los recortes presupuestarios, las campañas de desprestigio contra las organizaciones sociales y los discursos que presentan la ayuda al desarrollo como un gasto prescindible forman parte de una tendencia más amplia: la deslegitimación de la solidaridad organizada.
Aunque este fenómeno suele presentarse como un debate sobre prioridades presupuestarias o sobre la eficacia del gasto público, en realidad responde a una disputa mucho más profunda acerca del modelo de sociedad que queremos construir.
Forma parte de una batalla cultural y política en la que determinados sectores han convertido a las organizaciones de la sociedad civil en un enemigo conveniente. Las ONG aparecen retratadas como estructuras burocráticas que viven de las subvenciones, como organizaciones ideologizadas o como intermediarios innecesarios entre el Estado y la ciudadanía.
Poco importa que esa imagen apenas resista el contraste con la realidad. Como ocurre con tantos discursos contemporáneos, el objetivo no es describir el mundo, sino moldear la percepción pública.
En diversos contextos internacionales, allí donde avanzan proyectos políticos autoritarios o excluyentes, también se reduce el espacio de actuación de la sociedad civil, se cuestiona el trabajo de las organizaciones sociales y se debilitan los mecanismos de participación ciudadana.
Mucho más que transferir recursos
La cooperación internacional nunca ha consistido únicamente en transferir recursos económicos.
Desde sus orígenes ha sido una herramienta para fortalecer derechos humanos, acompañar procesos de desarrollo impulsados por las propias comunidades y promover una ciudadanía comprometida con la justicia global.
Precisamente por ello se ha convertido en un objetivo político para quienes consideran que la solidaridad constituye un obstáculo para proyectos basados en el repliegue nacionalista, la concentración del poder y la desconfianza hacia la acción colectiva.
La cooperación internacional nunca ha sido un ejercicio de caridad. Es una política pública que responde a una realidad incontestable: vivimos en un mundo profundamente interdependiente.
Las pandemias, las migraciones forzadas, los conflictos armados, la emergencia climática, las crisis alimentarias o las desigualdades extremas no conocen fronteras administrativas. Pensar que estos desafíos pueden resolverse exclusivamente desde una lógica nacional es ignorar la naturaleza de los problemas del siglo XXI.
El papel de las organizaciones de cooperación
Las organizaciones de cooperación desempeñan funciones que rara vez aparecen en el debate público.
Llegan allí donde las administraciones encuentran mayores dificultades para actuar, fortalecen organizaciones locales, impulsan procesos educativos, responden a emergencias humanitarias y promueven la igualdad, la participación y la defensa de los derechos humanos.
Al mismo tiempo generan empleo cualificado, movilizan redes de profesionales y dinamizan la actividad económica mediante auditorías, investigaciones, formación, comunicación y servicios especializados.
Reducirlas a simples receptoras de subvenciones públicas constituye una caricatura que ignora tanto la diversidad del sector como los estrictos mecanismos de control y rendición de cuentas que regulan la financiación pública.
Los casos recientes en nuestro país confirman este patrón: las organizaciones independientes dejan de ser consideradas aliadas de la democracia para convertirse en actores incómodos.
¿Por qué? Porque una ciudadanía organizada siempre constituye un contrapoder. Porque unas organizaciones sociales fuertes generan participación, pensamiento crítico y capacidad de movilización. Y porque la cooperación internacional no solo financia proyectos: sostiene redes de solidaridad capaces de proteger derechos allí donde las instituciones fallan.
Lo que realmente está en juego
La razón de fondo de los ataques es otra.
La cooperación representa una visión del mundo basada en la interdependencia, la corresponsabilidad y la universalidad de los derechos humanos. Frente a quienes entienden los problemas sociales como cuestiones exclusivamente individuales o nacionales, sostiene que los desafíos globales actuales solo pueden afrontarse mediante la cooperación entre sociedades.
Sin embargo, ninguno de estos argumentos explica por sí solo por qué la cooperación se ha convertido en objetivo político. Para entenderlo hay que mirar el contexto internacional.
Vivimos un momento de retroceso democrático. En numerosos países aumenta la concentración del poder, se restringe el espacio cívico, se criminaliza a organizaciones sociales y se desacredita y persigue a quienes defienden los derechos humanos.
Paralelamente, la ayuda oficial al desarrollo disminuye mientras crecen los presupuestos militares y las prioridades geopolíticas desplazan las inversiones destinadas a la cooperación internacional.
Las experiencias de distintos países muestran que la deslegitimación discursiva suele preceder al cierre del espacio cívico. Campañas de estigmatización, restricciones a la financiación internacional e incremento de controles administrativos han servido para limitar la capacidad de actuación de organizaciones independientes.
La deslegitimación pública suele ser el primer paso antes del debilitamiento institucional.
Una tendencia que también afecta a Europa
Sería un error pensar que estas dinámicas pertenecen únicamente a otras regiones del mundo.
Europa tampoco permanece al margen. El crecimiento de fuerzas políticas ultranacionalistas, la difusión de discursos que enfrentan la solidaridad internacional con las necesidades sociales internas y la creciente polarización del debate público muestran que estas narrativas encuentran también aquí un terreno fértil.
Lo que está en juego tras estos procesos no es únicamente una política pública. También lo está la calidad democrática.
Cuando se desacredita sistemáticamente a las organizaciones sociales, se debilitan los espacios mediante los cuales la ciudadanía se organiza, participa y exige responsabilidades a los poderes públicos.
Por eso la cuestión ya no consiste únicamente en defender los presupuestos destinados a cooperación. La verdadera discusión es qué modelo de sociedad queremos construir.
Una inversión democrática
Quienes reducen la cooperación a un gasto prescindible olvidan que constituye una inversión en estabilidad, en prevención de conflictos, en salud global, en justicia climática y en derechos humanos.
Olvidan también que los problemas que hoy parecen lejanos terminan llamando inevitablemente a nuestra puerta.
Naturalmente, la cooperación internacional debe someterse a evaluación, transparencia y mejora continua. Como cualquier política pública, está obligada a rendir cuentas y demostrar el impacto de sus intervenciones.
Pero una cosa es exigir eficacia y otra muy distinta cuestionar la legitimidad misma de la solidaridad organizada.
Cuando se presenta sistemáticamente a las organizaciones sociales como sospechosas, cuando se cuestiona la legitimidad de quienes trabajan por los derechos humanos o cuando se alimenta la idea de que ayudar a otros supone desatender a quienes viven dentro de nuestras fronteras, lo que realmente se está erosionando no es únicamente la cooperación internacional; se está debilitando la propia cultura democrática.
Defender la cooperación es defender la democracia
Quizá esa sea la verdadera razón por la que la solidaridad se encuentra hoy bajo sospecha. No porque haya dejado de ser útil, sino precisamente porque sigue representando una idea profundamente incómoda: que los derechos humanos no tienen fronteras, que la dignidad de las personas no depende de su lugar de nacimiento y que, frente a un mundo cada vez más desigual e incierto, la cooperación sigue siendo una de las expresiones más avanzadas de la democracia.
Defender la cooperación internacional significa defender una democracia con ciudadanía activa, organizaciones libres y capacidad para afrontar colectivamente problemas globales.
En un contexto marcado por el aumento de las desigualdades, las guerras, la crisis climática y el debilitamiento de las instituciones democráticas, la solidaridad no constituye un lujo moral. Es una infraestructura democrática imprescindible y una inversión en un futuro más justo, más seguro y más humano.
Por Ana Prieto Sánchez, coordinadora del área de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.