POR VICTORINO MAYORAL
PRESIDENTE DE LA LIGA DE LA EDUCACIÓN
Hace, aproximadamente, 3.000 años que comenzó la historia de la ciudadanía, pero esta cronología solamente es válida para los hombres, porque la historia de la ciudadanía para las mujeres comenzó a hacerse efectiva hace apenas 100 años con el ejercicio de algunos de los derechos cívicos. Esta es la simple y cruda verdad, ilustrada por hechos tan simbólicos como el de la proclamación, con denominación tan significativa, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por la Revolución Francesa hace poco más de 200 años, cuando se dio el gran impulso al ciclo de la moderna ciudadanía democrática. Incluso en estas nuevas circunstancias de democracia emergente la mujer quedó relegada al espacio de la privacidad, de la vida doméstica, al cuidado del hogar, de la familia y de los hijos. Mientras tanto, la vida pública, política, económica, social, cultural y jurídica quedó aún reservada al monopolio de los hombres.
Pero ya a mediados del siglo XIX, comenzó a hacerse presente un movimiento de reivindicación femenino, fundamentalmente sufragista, que contó con el apoyo de algunas notables figuras como John Stuart Mill, famoso filósofo y economista inglés, autor del ensayo titulado “El sometimiento de las mujeres”, en el que denuncia que la subordinación de un sexo a otro no solamente es un error sino que, además, “en la actualidad constituye uno de los mayores obstáculos para la evolución humana”.
La subordinación de la mujer era ya un grave obstáculo para el progreso de la humanidad en 1861, fecha del ensayo de Stuart Mill, y hoy lo sigue siendo de manera más acentuada porque han cambiado de un modo radical varios factores fundamentales que lo han alterado todo: el nuevo sistema productivo post-industrial superador de las sociedades agrarias e industriales, el cambio de relaciones sociales que ello ha provocado, los valores culturales y de convivencia y la proclamación de los Derechos Humanos Universales, sobre los que no cabe la discriminación por razón de sexo, clase social, raza, religión, etc.
Hoy ya no se trata de hacer grandes y solemnes proclamaciones sobre los derechos y libertades que como ciudadanas pertenecen a todas y cada una de las mujeres. Ahora se trata de hacer efectivas las declaraciones formales que ya existen y cambiar las leyes y reglamentos que obstaculizan el logro de la igualdad. A nuestro juicio, la gran batalla de mujeres y hombres para cambiar la realidad deberá centrarse en tres ejes fundamentales. En primer lugar, reducir y eliminar los factores que provocan la desigualdad de trato que recibe la mujer. En realidad, las reivindicaciones de la huelga del 8M apuntan, fundamentalmente, a exigir la igualdad de derechos y de trato en salarios, empleos, pensiones, trabajos, en cuidados no remunerados y la ocupación de puestos de representación política, de poder y económicos y sus correspondientes responsabilidades. Tales son las reivindicaciones principales a conquistar.
En segundo lugar, combatir la violencia física o psicológica que las mujeres sufren por razón de sexo. Los asesinatos de mujeres, las agresiones sexuales y el machismo arrogante son manifestaciones de conductas primarias e irracionales basadas en la pretensión de considerar a la mujer como propiedad privada o privatizable, controlada o controlable, mediante el ejercicio de la fuerza física sustentada ideológicamente por la cultura de un desfasado patriarcado y en la doctrina confesional condenatoria de la “ideología de género”. Por último, y no es lo menos importante, el sistema educativo, todos los centros escolares de todos los niveles, deben constituirse en auténticas escuelas de ciudadanía igual, poniendo en marcha el desarrollo generalizado de contenidos curriculares y métodos pedagógicos que insistan en la coeducación como aprendizaje de la convivencia y los valores y principios compartidos entre iguales.
