En España contamos con un sistema descentralizado de validaciones. Esto quiere decir que cada comunidad autónoma tiene su propio sistema para acreditar y validar conocimientos y destrezas, lo que ha dado lugar a desequilibrios de una región a otra. Es cierto que en el año 2009 hubo un avance que llegó con la aprobación de un Real Decreto 1224/2009 y cuyos objetivos son:
Evaluar las destrezas adquiridas a través de la experiencia en el trabajo o por medio de otros canales no oficiales a través de procedimientos compartidos y metodologías que garanticen la validez, la fiabilidad, la objetividad y el rigor de dicha evaluación.
Acreditar oficialmente las competencias profesionales, fomentar su promoción con el fin de facilitar tanto la inserción laboral y la integración, como la libre circulación dentro del mercado de trabajo.
Facilitar el acceso a la formación permanente a todos los ciudadanos, permitiéndoles mejorar sus competencias profesionales, con el objetivo de completar su formación con la correspondiente certificación profesional.
Con los años, el Gobierno español ha fomentado las medidas para la validación a través de varias entradas presupuestarias importantes. En 2010, se invirtieron 35 millones de euros en la formación de asesores, evaluadores y guías a través del programa Acredita_T. También se financió la formulación de los instrumentos de apoyo, la publicación de los materiales de formación disponibles, la difusión de información sobre el procedimiento y la construcción de sitios web para proporcionar la información y orientación necesarias.
En 2011, se destinaron 20 millones de euros para lograr una acreditación de competencias de una manera uniforme en todo el país, lo que significaría que hasta 50.000 personas podrían obtener acreditación parcial o completa de las competencias adquiridas a través de la experiencia en el trabajo. Ese mismo año, el Gobierno español realizó una campaña mediática para aumentar el impacto del Real Decreto de 2009. Esta publicidad tuvo mucha repercusión dado que causó un "efecto bola de nieve": se hicieron más consultas para informarse sobre el sistema de acreditaciones.
En 2013, el Gobierno asignó la suma de 5.650.000 euros para iniciativas en el ámbito de la acreditación de las competencias y más de 14.705.000 € para el desarrollo de un sistema nacional de cualificaciones y formación profesional.
Los principales beneficiarios de las validaciones son las personas sin estudios, las mujeres mayores de 30 años en busca de empleo y las personas en situaciones más vulnerables. En general, todo el proceso cuesta un promedio de aproximadamente 400 Euros por persona.
Actualmente, la administración pública ha aumentado la cantidad de información con respecto a los procedimientos a seguir para validar los conocimientos en los diferentes sitios web institucionales de los que dispone. El Observatorio para la Validación de las Competencias Profesionales (Observal) también está contribuyendo activamente a la difusión y el análisis de estos procesos de acreditación.
Sin embargo, las comunidades autónomas siguen siendo las principales gestoras del sistema de validaciones.
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