Ayer, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social María Luisa Carcedo presentó el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, acompañada del ministro del Interior, la directora del Plan Nacional Sobre Sida (PNS) y la Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón en representación de las Comunidades Autónomas, así como el presidente de CESIDA y del COAC (Comité Asesor del PNS al que pertenece la Liga de la Educación) representando a las ONGs.
La necesidad de este pacto ya se hizo presente hace siete años mediante reuniones y aportaciones del PNS, diversas ONGs y otros estamentos que vieron la conveniencia de reunir el esfuerzo de varios ministerios, Gobiernos autonómicos, ayuntamientos, sindicatos, universidades y asociaciones relacionadas con el VIH, pero hasta ayer no se había conseguido un texto consensuado.
Como expresaron los distintos miembros de la mesa, tanto la Constitución Española como la legislación vigente garantizan la protección de los derechos de las personas con el VIH. Pero la discriminación relacionada con el virus no ha desaparecido. Posiblemente por el historial acumulado desde los años ochenta de muerte y enfermedad, y también por la falta de información sobre el VIH y la evolución hacia una infección crónica en los últimos años, gracias a los tratamientos. Pero no nos debemos guiar por los parámetros de diagnóstico, sino por los parámetros clínicos.
La discriminación da lugar a la ocultación y al miedo, haciendo difícil el objetivo de ONUSIDA para el año 2020, 90/90/90 (diagnosticadas el 90% de las personas infectadas/tratadas el 90% de las diagnosticadas/ sin carga viral detectable el 90% de las tratadas). Este Pacto Social establece las líneas generales para prevenir y dar respuesta a la discriminación y al estigma que sufren las personas por razón del estado serológico respecto al VIH.
