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Opinión

Un país de menores en riesgo

Por Francisco Luis Rodríguez Fernández
Secretario de Juventud

No superaba los setenta centímetros de altura, pelo castaño trenzado, tez morena, mirada llamativa. Con sus grandes ojos expresaba la excitación de su alegría, mientras gritaba: ¡Papá, papá, el carrito del baby mocosete! Junto a ella, con barba de varios días y una talla superior a la que le correspondía de ropa, su padre; solo decía con voz tenue y sumisa: gracias, gracias. Frente a ellos un grupo de adolescentes sonreían y se miraban complacientes viendo el objetivo cumplido. Ningún menor sin juguetes. Siempre me pregunté el porqué de las lágrimas de ese padre. ¿Sería la alegría de su hija o ser consciente de su incapacidad para satisfacer los deseos de esta? Sin autoestima no hay dignidad, sin autoestima no hay capacidad para educar. En ocasiones la ayuda social consigue lo contrario de lo que persigue.

La buena voluntad no basta para lograr cambios. Suelen ser impulsos a actuar basados en la simplificación de una situación más compleja que requiere de un análisis especializado. Hay efemérides a las que no se les presta la atención adecuada por coincidir en el calendario con otras de mayor interés del contexto. Es el caso de la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia —se celebra el 20N— que ha de competir en atención con la semana del Black Friday. La declaración la hemos recluido en las paredes de los centros educativos, porque solo visualizamos la pérdida de derechos de la infancia que vive fuera del mundo desarrollado. En la globalización cultural de la que nos quejamos —a la vez que abrazamos— no interesa rememorar una fecha por sus valores y significado, sino por la posibilidad del consumo. Consumo como finalidad básica del individuo y al que debemos condicionar desde la infancia. Esta es la efeméride.

Sin embargo, España es el tercer país en pobreza infantil de la Unión Europea. La población afectada es el 40% en datos de Unicef. Es fácil afirmar que la responsabilidad está en la falta de políticas sociales estatales y no dejar esta atención en manos de las comunidades autónomas debiendo extraer de sus presupuestos necesidades para los que no se diseñaron. La crisis aumentó las necesidades sociales de la infancia y el Gobierno estatal redujo el gasto de las comunidades. Sin embargo, pretender abordar realidades complejas con ideas simples resulta inútil por el uso incuestionable que se hace de las mismas. Hay más factores. La infancia es vulnerable como resultado de la violencia estructural normalizada que colectivamente se ejerce sobre esta, independientemente del contexto. Es abordada como objeto de garantía del éxito social de los progenitores y la comunidad, como segmento de consumo fácil de seducir al que las familias tratarán de responder, como medio que justifica la finalidad vital y la inversión en afectos de las personas. No como sujetos de derecho y parte de la ciudadanía con capacidad de expresión. La infancia está presente como objeto de atención. Si bien el objetivo parece obvio, nunca se coincide en su significado. Llama la atención la afirmación del arzobispo Cañizares aludiendo al conflicto catalanista: “Si educa el Estado no hemos salido de la dictadura”. Quizás sea interesante leer trabajos validados científicamente que analizan quién y cómo se educaba durante la dictadura franquista. Las afirmaciones se deben basar en evidencias constatables y no emociones.

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